Por Darío Indalecio Restrepo 

Director de la Misión de Descentralización

Los constituyentes de 1991 discutieron abandonar un siglo de centralismo y volver a una Colombia federal basada en grandes diferencias económicas, culturales, geográficas y ambientales. 

La idea era que cada región elaboraría planes de desarrollo que integrarían infraestructuras e inversiones bajo el liderazgo de autoridades e instituciones regionales. 

El modelo de “autonomía” (a la española) parecía un tránsito prudente mientras se definía si los departamentos desaparecerían junto con sus debilidades fiscales y funcionales. Sin embargo, el problema era que éstos contenían las redes electorales que negociaban el poder en el Congreso. 

La decisión fue radicalizar una “descentralización” que garantizara recursos y competencias y extendiera la elección popular de alcaldes a la de gobernadores, mientras dejaba abierta la posibilidad de crear regiones, provincias y entidades territoriales indígenas. 

Dicha arquitectura descentralizada permitió la participación en la vida política de las guerrillas que pactaron acuerdos de paz a comienzos de los noventa, fortaleció liderazgos cívicos y políticos en las periferias y fragmentó el bipartidismo liberal y conservador del régimen centenario centralista; decenas de movimientos políticos materializaron la “apertura democrática” amenazada por la guerra contra insurgente que se abalanzó sobre los presupuestos descentralizados y los programas nacionales ejecutados en los territorios. 

De hecho, la intensificación de la confrontación armada a finales de los noventa y el fracaso del Caguán legitimaron una recentralización política liderada por el otrora presidente Uribe y continuada desde entonces. Fue así como el ejercicio de transferir decenas de competencias sin recursos ni autonomía en su manejo y en medio de una guerra, engendró la gran paradoja de la descentralización colombiana. 

A pesar de todo esto, aún persiste el clamor de un país con más autonomía territorial y capacidad de determinar sus prioridades de desarrollo, con voluntad de paz y de canalizar inmensos recursos hacia las zonas más afectadas por las violencias, con la necesidad de concretar una reforma agraria, de apoyar sistemas económicos territoriales sustentables y de reconocer los derechos de las comunidades. 

No da espera fortalecer la capacidad fiscal de los departamentos, implementar el Catastro Multipropósito, promover la asociatividad supra municipal para el ordenamiento ambiental, apoyar los circuitos económicos, integrar los flujos campo – ciudad y prestar servicios públicos. 

Las grandes y medianas ciudades deben poder optar por mayor autonomía fiscal y administrativa a cambio de liberar recursos nacionales con destinación a la población étnica, rural dispersa y los grandes ecosistemas ambientales en los que se concentran las guerras, el desplazamiento forzado y la devastación ambiental. 

El fortalecimiento de las Regiones Administrativas y de Planeación es imprescindible para construir un país que reconozca la diversidad de sus localidades, subregiones y macro regiones como estrategia misma para extender las oportunidades de desarrollo, profundizar la democracia y masificar el bienestar.