Un análisis de competencias es fundamental para entender cómo se están distribuyendo las responsabilidades en el Estado con el fin de promover arreglos que permitan mayor eficiencia en la entrega de bienes y servicios.

Para el caso de los departamentos y municipios, los regímenes que definen la organización y el funcionamiento de estas entidades territoriales corresponden a normas desarticuladas entre sí que no permiten afrontar los desafíos que hoy exp erimentan las entidades territoriales.

Si bien recientemente fue actualizado el régimen departamental (Ley 2200 de 2022), existe el reto de articularlo con el régimen municipal (Ley 136 de 1994 y Ley 1551 de 2012) para que permitan el funcionamiento efectivo del modelo de descentralización, así como con las demás instancias de desarrollo territorial creadas por la Constitución de 1991.

Adicionalmente, tanto el régimen municipal como el régimen departamental anterior (Decreto Ley 1222 de 1986), que estuvo en vigencia durante más de 30 años, se enfocan excesivamente en reglamentar temas relacionados con el funcionamiento administrativo* dejando de lado las problemáticas y dinámicas propias de la operación y funcionamiento de municipios y departa mentos que deben ejercer competencias específicas en realidades territoriales concretas.

Adicionalmente, dentro de la Constitución Política se han establecido diferentes posibilidades de entidades territoriales tales como las Regiones Administrativas de Planeación, las provincias para atender la provisión de bienes y servicios a nivel más suprarregional mediante la Ley 1962 de 2019 las cuales hasta el momento no han avanzado en la definición de sus características. Finalmente, se encuentra también la posibilidad de que los territorios indígenas puedan conformarse como entidades territoriales para atender el desarrollo de este tipo de población.

La asignación de competencias se ha hecho de manera homogénea entre entidades territoriales sin tener en cuenta las capacidades institucionales, las características territoriales ni sus disparidades en dinámica y desarrollo económico.

Las capacidades de las entidades territoriales son muy heterogéneas y persiste la necesidad de contar con una definición conceptual y con metodologías de análisis que reconozcan esa diversidad y que contribuyan a un abordaje más adecuado de este concepto.​

​*Ambos regímenes terminan por contribuir a la dispersión normativa pues buena parte de las funciones y competencias de municipios y departamentos se encuentran consagradas en un elevado número de leyes y decretos sectoriales.​​