La Transparencia se puede entender como la divulgación de información y datos por parte de las entidades públicas a la ciudadanía. Esta información debe ser relevante, además de ser publicada de manera oportuna, accesible, comprensible y reutilizable. Cuanta más transparencia, mayor participación y control por parte de la ciudadanía porque cuenta con la información para hacerlo.
Actualmente Colombia se rige bajo la Ley 1712 de 2014 en materia de Transparencia y Acceso a la información. Esta ley busca garantizar el derecho fundamental de acceder a la información pública por parte de los ciudadanos y obtener de manera adecuada, veraz, oportuna y gratuita, respuesta a sus solicitudes con respecto a la misma.
La descentralización y la gestión de municipios y departamentos es un elemento necesario para impulsar el desarrollo del país y así mejorar la calidad de vida de sus habitantes. El adecuado diseño y generación de capacidades en las instituciones a nivel territorial son uno de los requisitos más importantes para poder combatir factores que comprometen el desarrollo y el bienestar de las personas. Dentro de estos factores se destaca la corrupción en sus distintas modalidades y niveles.
En el marco de las normas existentes en Colombia, es responsabilidad de las entidades territoriales participar en la formulación y ejecución de políticas para prevenir, identificar y sancionar la corrupción en sus territorios. Desde un enfoque preventivo, les corresponde aplicar buenas prácticas de planeación, contratación, financiación, vinculación de talento humano, control, transparencia y acceso a la información, entre otras; el uso sistemático de estas prácticas obliga a las entidades territoriales a mejorar su gestión y desincentivar actos de corrupción2.
Desde una perspectiva de control y sanción, a las entidades territoriales les corresponde establecer los mecanismos de identificación de las prácticas corruptas, al igual que los procedimientos para las investigaciones y sanciones pertinentes.
